15 junio 2012, 16:41

Del sillón presidencial al calabozo

Del sillón presidencial al calabozo

El ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, puede afrontar un proceso judicial por varias acusaciones.

Puede ser considerado culpable de aceptar sobornos multimillonarios por contratos militares y ayuda ilegal a la campaña electoral, y condenado hasta a cinco años de cárcel. Por supuesto, Sarkozy niega su culpabilidad. En tanto, este viernes 15 de junio la inmunidad presidencial del expresidentes expira definitivamente.

La acusación principal por la que el ex presidente tendrá que rendir cuentas es la de financiamiento ilegal a su campaña electoral por parte de Liliane Bettencourt. Presuntamente en 2007, la heredera del gigante de la industria cosmética L’Oréal y la mujer más rica de Francia ordenó transferir a Suiza grandes sumas de dinero para evadir impuestos. Parte de este dinero, según versiones de la fiscalía, engrosó las cuentas preelectorales de Sarkozy. Otra acusación está vinculada al así llamado Karachigate. A mediados de los años noventas, Francia suministró a Pakistán submarinos atómicos clase Agosta, por lo cual los funcionarios paquistaníes, siguiendo las prácticas habituales en aquel momento, recibieron una “comisión”. Sin embargo, además fue pagada inmediatamente otra comisión, esta vez ilegal, afirma la fiscalía. Parte de esa retribución supuestamente se utilizó para financiar la campaña electoral del primer ministro en aquel entonces, Édouard Balladur. Esta compañía estaba bajo la dirección de Nicolas Sarkozy, quien ocupaba entonces la cartera de ministro de Hacienda. Balladur perdió ante Chirac, quien tras su arribo al poder prohibió la práctica de ofrecer comisiones por contratos militares. Tras eso en Karachi murieron once ingenieros franceses tras una explosión, que trabajaban en la construcción de aquellos submarinos. Por tanto, Sarkozy puede ser juzgado no sólo por participar en los esquemas de la corrupción, sino también verse involucrado en la muerte de once ciudadanos franceses. Existe una gran probabilidad de que así suceda, a pesar de que la fiscalía no dispone prácticamente de pruebas directas contra Sarkozy, señala el director del Centro de Investigaciones Francesas del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, Yuri Rubínski:

—No hay pruebas contundentes, al igual que en el primer caso. Por ahora el ex presidente ha sido citado como testigo y no como acusado. Pero si hallan algo, se le dará inicio al proceso. El ejemplo de Chirac, condenado a dos años, se expresa por sí sólo. Todo jefe de estado está bajo la mirada de la justicia. Y si su inmunidad concluye con su período presidencial, él pasa a ser un ciudadano ordinario. Respecto a Sarkozy no se trata de un intento de venganza o de impedir su retorno al escenario político; yo creo que estas acusaciones serán analizadas sustancialmente.

El caso de Chirac, inculpado de corrupción, no es del todo correcto, señalan otros expertos. De cualquier modo su condena fue bastante relativa. La práctica política de Francia demuestra que lo más probable es que Sarkozy logre evadir el proceso judicial, afirma el experto del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales, Kira Zúeva:

—La práctica de estas acusaciones se reduce esencialmente a la condena social. Es poco probable que Sarkozy sea condenado a la cárcel, pese a que las acusaciones son bastante serias. Es un político bastante hábil y encontrará un modo de justificarse en esta situación. Yo creo que la cosa no pasará de las conversaciones y juicios verbales.

Sarko –como es llamado el ex presidente por los franceses– también podría enfrentar acusaciones por otros dos escándalos políticos. La fiscalía comprobará las acusaciones respecto al financiamiento de su campaña electoral por parte del líder Muammar Gadafi. El hijo del difunto líder de la Yamahiriya afirmó que en el 2007 Gadafi transfirió dinero al fondo preelectoral de Sarkozy. Además, el expresidente es sospechoso de utilizar recursos estatales con fines personales. Supuestamente, entre 2010 y 2012 encargó varias decenas de investigaciones sociológicas por una suma total de más de dos millones de euros. El financiamiento se llevó a cabo como parte de la campaña electoral, lo cual está legalmente prohibido.

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