Mujeres del Perú contra Fujimori

Este hecho de la historia peruana ha tenido muy poca cobertura en los medios de comunicación. Pero el documental que se presentó lña semana pasada en Lima vierte luz sobre las intervenciones medicamentosas a que fueron sometidas mujeres en las regiones más pobres del país. Muchas de ellas siguen esperando la justicia hasta hoy día, escribe El Nuevo Herald. 

El programa de salud reproductiva y planificación familiar se inició en 1996, bajo el Gobierno de Alberto Fujimori. La intervención quirurgica consistía en ligar las trompas de Falopio. En teoría, la operación se realizaba a petición de la paciente. Pero en la práctica, todo fue al revés. Al imponer esas medidas, el ex presidente buscaba detener el crecimiento de la tasa de natalidad en las regiones pobres del Perú, de ese modo “estimulando” el desarrollo del país. 

Pasaron no pocos años antes de que empezaran a aparecer las primeras denuncias contra los médicos que realizaban dichas operaciones en contra de la voluntad de las pacientes y en condiciones inadecuadas. La mayoría de las víctimas pertenecían a los sectores más pobres de la población, al igual que la protagonista del documental, Micaela Flóres, de cincuenta y cuatro años. La mujer recuerda los más mínimos detalles de aquel día cuando la llevaron a esterilizar a un centro médico junto con otras quince campesinas de distintas comunas del Cuzco. Según los medios de comunicación locales, unas trescientas mil mujeres fueron esterilizadas en el marco de esa iniciativa gubernamental. Y solo mil de ellas presentaron denuncias formales. A la fecha se conocen dieciocho casos de muerte de mujeres sometidas a ese tipo de intervención en el Perú. Esta información contradice a las declaraciones del propio Fujimori que, al intervenir ante el Foro Mundial de Mujeres en Beijing, en 1995, afirmó que las peruanas debían decidir por sí solas el número de hijos que iban a tener. 

Esta visión la comparte Nikolái Rakutz, del Instituto de América Latina adjunto a la Academia de Ciencias de Rusia, señalando que “las esterilizaciones se practicaron en el Perú también antes de Fujimori, pero jamás de manera tan amplia como bajo su Gobierno”. Según la parlamentaria Hilaria Supa, “los médicos llegaban a las casas prometiendo cualquier cosa para convencer a las mujeres de aceptar la esterilización. Si no aceptaban, las amenazaban y las llevaban por la fuerza”. Hilaria lo cuenta en el documental de Manuel Legarda La cicatriz de Paulina. A veces, la cirugía se les hacía mientras estaban dormidas. Al despertar, la paciente no llegaba a entender qué le había pasado, agrega Hilaria Sopa. 

Algo parecido le sucedió a Micaela Flores, cuando un día de 1996 la enfermera llegó a recogerla a Anta, en el sureste del país, para llevarla a un centro médico. "Me dejaron en una habitación junto con otras pacientes. Escuché el grito de una de ellas, mientras la operaban sin anestesia, después de lo cual quedó desmayada. Quise escapar, pero la puerta estaba bajo llave”, cuenta Micaela Flores que en ese entonces tenía treinta y ocho años y era madre de seis hijos. 

El programa de esterilización fue subvencionado por el Gobierno, pero también contaba con un financiamiento desde el exterior, señala la parlamentaria famosa por su labor pública en defensa de los derechos de las mujeres de las regiones indígenas del país. Esto lo corrobora también el experto ruso Nikolái Rakutz. 

Hoy en día, Micaela Flóres es miembro de una asociación de mujeres víctimas de la esterilización forzosa en el Cuzco, la que lleva ya quince años luchando por la investigación judicial de todos los casos de esterilización quirúrgica, el castigo de los culpables y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a las víctimas. 

Durante la campaña electoral de 2011, las esterilizaciones forzosas fueron parte de las críticas lanzadas por el actual presidente Ollanta Humala contra su rival, Keiko Fujimori, quien desempeñó, como es sabido, el papel de primera dama en el gobierno de su padre.  

El ex líder del Perú de setenta y tres años de edad, está cumpliendo una pena de veinticinco años de prisión por numerosos violaciónes de derechos humanos que se cometieron durante su reinado. Sin embargo, los casos de esterilización forzada hasta ahora no ha sido considerada por los tribunales.